Los empresarios de radio y TV, preocupados por spots gratis
La Cámara de la Industria de la Radio y Televisión teme que sea “regresiva” la reforma electoral pactada entre PRI, PRD y PAN, que restringe los anuncios de partidos al uso de los tiempos oficiales, y reclamó al Legislativo un espacio para discutir el tema.
En un desplegado, la CIRT expresó su sorpresa, desaliento y preocupación por los términos del proyecto y “el cuidadoso sigilo” con que los partidos mantienen la reforma.
Condenó por “inaceptable” que los avances que necesita el país estén sujetos a acuerdos políticos.
Sobre las restricción a la propagada en los medios que implicaría la reforma, la CIRT advierte: “Nos preocupa que las nuevas condiciones de prohibición y restricción comunicativa puedan limitar gravemente el surgimiento de líderes jóvenes y la renovación de los liderazgos en todos los partidos”.
Para la CIRT, la disminución de la duración de las campañas no debe implicar restricciones a la libre manifestación de las ideas y opiniones, cualquiera que sea signo, a través de los medios. Defiende la propaganda gubernamental y la réplica del Ejecutivo a críticas en tiempos electorales, vía los medios. “Si uno o varios candidatos utilizan medios de comunicación para criticar o atacar programas de gobierno, los responsables de éstos deben tener derecho a defenderlos.
“El encomiable objetivo de evitar un indebido beneficio personal de los cargos públicos no debe condenar los buenos programas y obras de gobierno a un anonimato que tendería a uniformar liderazgos, proyectos y aptitudes”, agrega.
También asegura que, de prosperar la enmienda, “cada día habrá más recursos públicos en juego y de más difícil fiscalización”.
Además, tacha de regresivo que en la reforma se pretenda “acotar o desdibular la autonomía de la autoridad electoral, someter al IFE a procedimientos de fiscalización que lo subordinen a los partidos, y eludir las disposiciones vigentes sobre la inamovilidad de los consejeros electorales”.
Condenó que no se atiendan temas esenciales, como la reducción del costo de campañas y el subsidio público a partidos; la profesionalización de la carrera legislativa y el fortalecimiento de la legalidad y democracia interna en éstos.
Nota de Milenio, 7 de septiembre.
